Por Hugo Escalada*
La explosión forestal que se dió en 2020, cuando el Gobierno Nacional declaró la actividad como esencial en plena pandemia, hizo que industriales de nuestra provincia duplicaran su producción sumando turnos de trabajo en sus cadenas para cubrir la creciente demanda en todo país.
La algarabía, producto de las ventas por parte de algunos actores del sector, ocultaba el descontento de los productores forestales que dejaban de producir bosques para siempre; producto de años de recibir precios bajos por su materia prima y sentirse los menos beneficiados del negocio.
La decisión de dejar los árboles fue y es irreversible. Fue costoso para el Estado convencerlos que sean parte de una cadena que no tiene rendimientos anuales como la agropecuaria. El éxodo a la yerba se había desatado.
La mano invisible del mercado les jugó una mala pasada y agravó la situación del sector forestal a mediano y largo plazo.
El Estado y el sector
Basta recorrer el interior de nuestra provincia para tener el mejor relevamiento de datos.
Las quejas son mayoritariamente las mismas: la pérdida de tiempo. Tanto para la aprobación de las carpetas, como en el desembolso de esos fondos que se ven deteriorados por el avance inflacionario.
El productor misionero al tener una chacra diversificada advierte una burocratización excesiva en la ejecución de la ley, trabas para la llegada de fondos al sector forestal, algo que no existe en la cadena agropecuaria que maneja una lógica más práctica y expeditiva a la hora de desplegar distintos programas.
Esta situación obliga a replantear las políticas a través de las cuales el Estado contiene al sector. Hoy el fomento de la actividad debe rediscutir las herramientas que hacen al entramado productivo y hacer reingeniería para frenar un colapso.
En tiempos de desregulaciones y modernización del Estado, la implementación de la Ley 27487 debería desburocratizarse, volverse eficiente, ejecutiva y darse en el marco de un emprendimiento forestal integrado que alcance la promoción de plantaciones e industrias.
Cambiar la lógica de implementación es crucial para incentivar la participación y revertir la lectura que hace el Gobierno Nacional, para quien, ante la falta de presentaciones de carpetas que soliciten planes forestales, entiende que la ley no tiene razón de ser, desconociendo que la propia burocracia es la que desalienta el proceso.
Esto lleva a otro interrogante ¿Seguir subsidiando la creación de bosques o poner énfasis en las mejoras tecnológicas de los procesos industriales que aseguren mejores rendimientos y mayor valor agregado?
El interrogante es crucial a partir de los datos presentados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal que plantean lo siguiente.
Los números del país
Los últimos datos presentados por la Nación respecto a la relación del consumo de materia prima y producción industrial de 2022 mostró que los aserraderos del país utilizaron 10.930.047 metros cúbicos de madera para producir 3.857.147 metros cúbicos, lo cual en porcentaje representa un rendimiento del 35% evidenciando que la diferencia de 7.076.000 metros cúbicos fueron a parar en distintos subproductos.
Es decir de cada rollo que ingresa a un aserradero objetivamente se aprovecha un tercio.
Pero hay un dato más alarmante aún, si se analiza que del total de 3.8 millones metros cúbicos de madera aserrada en el país el 72,9% de la comercialización (más de 2.8 millones) fue en formato de tablas; solo el 27,1% fue destinados a remanufacturas.
Es decir que en su amplia mayoría estamos frente a productos con bajo valor agregado.
Los datos están demostrando en general una industria que desaprovecha la materia prima, esto en tiempos de abundancia no penalizaba, pero ante un futuro donde se avizora escasez la lógica debería mudar. ¿Debe el productor forestal pagar el bajo rendimiento industrial siendo concientes de que esa realidad, depreció el valor de la tonelada de madera, determinando el éxodo de muchos forestadores a otras cadenas?
Misiones en la escena
La provincia con su constitución minifundista tiene un desarrollo forestal ideal donde cada industria tiene una función territorial muy importante en la creación de mano obra y movimiento económico distribuido en todo el territorio, un modelo distinto al que puede verse en la región, donde priman grandes extensiones en manos de pocos grupos económicos. Estas grandes islas, mononegocios, dentro de los territorios están siendo fuertemente cuestionadas por el escaso desarrollo comunitario que generan, chocando con la premisa de la responsabilidad social empresarial.
En un legítimo afán de crecimiento los industriales misioneros invirtieron en transporte y elaboración, atomizando su esfuerzo. La producción de bosques y la tecnificación de sus líneas era la estrategia más certera, que los hubiese tornado más competitivos en cantidad y calidad, en un mercado global cada vez más exigente.
Esta falta de agregación de valor no es ajena y el propio gobernador Passalacqua en el “Taller de cierre del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal” en marzo de este año reconoció que Misiones debería ser un gran productor de muebles y afines.
El sector representa una eslabón importante dentro de la economía de nuestra provincia. Su aporte al producto bruto geográfico es determinante y su diferencial respecto a otras regiones radica en la distribución territorial del entramado industrial propiciando un rol social al movilizar los pueblos y parajes en torno a la cultura del árbol.
Actualizar la hoja de ruta
A pesar del desalentador panorama que se extiende sobre el sector forestal, existe la posibilidad de re-encausar el camino para seguir impulsando el crecimiento y el desarrollando de nuestras comunidades.
Hoy el mundo cuestiona fuertemente si las producciones forestales implantadas equilibran los tres objetivos fundamentales: el beneficio económico, el impacto social y el impacto ambiental.
La realidad forestal debe buscar una lógica de fomento que plantee un proceso de desarrollo forestal integrado.
La propuesta se encuentra de forma implícita en la norma 25080 y sus modificatorias cuando versa: “Asimismo, se podrá beneficiar la instalación de nuevos emprendimientos forestoindustriales y las ampliaciones de los existentes, siempre y cuando se aumente la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques.”
La norma respecto al manejo sostenibles es clara: “Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento y su manejo sostenible incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o forestoindustrial integrado.”
Reformular las políticas forestales es tarea insoslayable del Estado en trabajo conjunto con el sector privado, amalgamando las voces que integran la cadena productiva, y las comunidades donde están emplazadas, con el objetivo de lograr un desarrollo sustentable para todos.
*Presidente del Instituto Forestal Provincial